Tres asociaciones medioambientales demandan al Estado francés por su inacción persistente, diez años después del escándalo del Dieselgate. Se acusa al gobierno de negligencia en la protección de la salud pública y del medio ambiente.
Los motivos de la demanda contra el Estado
Han transcurrido diez años desde que se destapó el escándalo mundial del Dieselgate, donde fabricantes de automóviles manipulaban los tests de emisiones de sus vehículos diésel. En la actualidad, tres prestigiosas asociaciones presentan una demanda contra el Estado francés por su falta de acción y firmeza a la hora de gestionar las consecuencias de este fraude.
Una inacción denunciada por las asociaciones
Las organizaciones critican a las autoridades francesas por no haber tomado las medidas suficientes para proteger a los ciudadanos y al medio ambiente de los efectos nocivos de las emisiones contaminantes. A pesar de los compromisos y las promesas, según los demandantes, aún faltan acciones concretas y sanciones apropiadas.
Las consecuencias del Dieselgate
El escándalo puso de manifiesto el uso de software fraudulento que ocultaba los niveles reales de emisiones de dióxido de nitrógeno y otras partículas finas, nocivas para la salud humana y el planeta. La inacción del Estado ante este problema constituye, según las asociaciones, una violación de sus obligaciones legales y morales.