La nueva frontera fiscal de la movilidad eléctrica
La transición hacia la electrificación del parque móvil plantea un nuevo dilema económico: cómo financiar el mantenimiento de carreteras e infraestructuras cuando los ingresos por impuestos a los combustibles fósiles se evaporan. La respuesta que está ganando terreno a nivel global es la implantación de una tasa por kilómetro recorrido, específicamente dirigida a los vehículos eléctricos.
Un movimiento global más allá de Europa
Si bien algunos países europeos fueron pioneros en esta idea, la tendencia se está consolidando como una política de estado en regiones clave. Desde el Reino Unido hasta California, los legisladores analizan modelos para gravar el uso real de las vías. Este impuesto busca compensar la pérdida de recaudación derivada de que los conductores de EV no pagan impuestos especiales sobre la gasolina o el diésel.
El debate entre equidad y desincentivo
La medida genera una profunda división. Los defensores argumentan que es una cuestión de justicia fiscal, ya que todos los usuarios de la red viaria deben contribuir a su conservación. Sin embargo, los críticos advierten que penalizar el uso del vehículo eléctrico con nuevos gravámenes podría ralentizar su adopción, enviando una señal contradictoria a los consumidores que han invertido en tecnología limpia por incentivos estatales.
El desafío técnico y de privacidad también es considerable. La implementación requeriría sistemas para medir los kilómetros recorridos, lo que abre debates sobre el método de recolección de datos y la protección de la información de los conductores.
El futuro de la financiación vial
Más allá de la polémica, esta tendencia señala una realidad inevitable: los gobiernos deben reinventar el modelo de financiación de infraestructuras. La solución podría pasar por un sistema mixto que, sin frenar la transición ecológica, asegure fondos sostenibles para las carreteras del futuro, posiblemente integrando a todos los vehículos en un esquema de pago por uso más equitativo.