Un veto climático crucial se estanca en Bruselas
La Unión Europea ha decidido posponer una de sus decisiones medioambientales más trascendentales: la prohibición de vender nuevos vehículos con motor de combustión interna a partir de 2035. Este retraso, lejos de ser una mera cuestión de agenda, desnuda las históricas divisiones que fracturan a los estados miembros frente a la transición ecológica. La ambición climática choca de lleno con los intereses económicos y las realidades industriales de cada país.
Las líneas de fractura en la UE
El aplazamiento revela un conflicto en dos frentes principales. Por un lado, países con una potente industria automotriz tradicional, principalmente Alemania, expresan su preocupación por el impacto económico y la pérdida de competitividad, abogando por tecnologías puente como los combustibles sintéticos. Por otro, naciones que han apostado fuerte por la electrificación, como Francia y los Países Bajos, presionan para mantener el calendario original y no diluir la normativa.
Más allá de los coches: un símbolo de la transición
La prohibición de los motores de gasolina y diésel es mucho más que una medida sectorial. Se ha convertido en el símbolo de la capacidad de Europa para cumplir con sus objetivos del Pacto Verde y alcanzar la neutralidad climática. El estancamiento envía una señal preocupante sobre la unidad y la determinación del bloque para aplicar las políticas necesarias, creando incertidumbre para inversores y fabricantes.
Este tiempo extra de negociación será crucial. El resultado definirá no solo el futuro del transporte europeo, sino también la credibilidad de la UE como líder global en la lucha contra el cambio climático. La pregunta que queda en el aire es si se logrará un compromiso que satisfaga a todos o si la división terminará por suavizar una de las leyes climáticas más ambiciosas del mundo.