Una demanda multitudinaria sacude la política climática de EE.UU.
Una coalición de dieciséis estados de los Estados Unidos ha presentado una demanda judicial contra la administración del presidente Joe Biden. El núcleo del conflicto es la acusación de que la Casa Blanca está reteniendo ilegalmente miles de millones de dólares asignados por el Congreso para la expansión de la infraestructura de carga para vehículos eléctricos.
El corazón de la controversia legal
Los estados demandantes, liderados en su mayoría por fiscales generales republicanos, argumentan que la administración Biden ha sobrepasado su autoridad ejecutiva. Alegan que la ley de infraestructura bipartidista aprobada por el Congrés destinaba fondos específicamente para la construcción de estaciones de carga en las carreteras interestatales. Sin embargo, acusan al Departamento de Transporte de haber añadido requisitos adicionales no contemplados en la legislación, como estándares laborales y de ubicación particulares, lo que en la práctica bloquea el desembolso.
Impacto en la transición energética y la autonomía estatal
Esta retención de fondos, según la demanda, perjudica directamente los planes de transporte y los objetivos climáticos de los estados. Además, los demandantes sostienen que constituye una violación de los principios de separación de poderes, ya que el ejecutivo estaría reescribiendo una ley ya promulgada. La disputa subraya la profunda división política en torno a la estrategia de incentivos para la movilidad eléctrica en el país.
El resultado de este litigio podría sentar un precedente crucial sobre los límites del poder regulatorio federal y la velocidad de la transición hacia el vehículo eléctrico en Estados Unidos. Mientras, miles de millones en inversión clave para la infraestructura nacional permanecen en un limbo legal.